¡Otra ilegalidad!

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Categoría: Medio Ambiente

Creado en Viernes, 08 Julio 2011 15:00

Escrito por Magalí Rey Rosa

En medio del calor electoral es muy difícil que se le ponga atención al tema ambiental, pero es más importante que nunca porque lo que se está negociando es nuestro patrimonio natural y nuestro futuro. Poca gente sabe lo que realmente valen nuestras áreas protegidas, pero hay figuras numéricas que ponen algo de luz al asunto: según evaluaciones muy conservadoras, los “servicios ambientales” que produce nuestro sistema de áreas protegidas —agua, captura de carbono, productos maderables, protección de suelo, etcétera— son casi Q10 mil millones, aproximadamente el 2% del producto interno bruto para el 2011.

En estas estimaciones no están incluidos importantes servicios ambientales que les debemos a estas áreas naturales, porque son muy difíciles de cuantificar, como la protección ante los embates del cambio climático. Es importante que la población entienda que “sin duda es más barato invertir en el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas que remediar el daño o la pérdida del aparato productivo de la Nación” (J.C. Godoy). Tiene que entenderlo la población, porque los funcionarios del Gobierno no lo entienden, salvo honrosas excepciones.

La más obvia es la del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, tanto del personal de la institución, que ha demostrado profesionalidad, ética, mística y estar profundamente comprometido con la conservación de nuestro patrimonio natural, como del Honorable Consejo —con una triste excepción—. El Conap ha cumplido valientemente y a cabalidad con su misión. Pero tiene en su contra a un gobierno que se empeña en entregar nuestra riqueza natural por 13 monedas de oro. Para lograrlo se ha tratado de remover cualquier obstáculo, hasta los secretarios ejecutivos del Conap, quienes —en cumplimiento de su deber— se negaron a cumplir con los deseos presidenciales.

El más reciente ejemplo de este tipo de actuación es el nombramiento del licenciado Federico Guillermo Álvarez Mancilla, un abogado que trabajó para Chiquita Banana y Cobigua. El señor Álvarez Mancilla podrá ser un buen laboralista, pero no reúne las calidades que demanda el artículo 71 de la Ley de Áreas Protegidas para ser secretario ejecutivo. En su literal C, la ley dice claramente que el secretario ejecutivo tiene que tener especialización en administración de áreas protegidas o experiencia demostrada en manejo de áreas protegidas y conservación de vida silvestre de —por lo menos— tres años. El señor Álvarez no la tiene ni conoce la ley. No sabe, por ejemplo, que es su obligación, según el artículo 67, convocar a las sesiones ordinarias de Consejo que corresponden, y a las extraordinarias —como la que le solicitó Cecon—.

Esta es una más de las ilegalidades, arbitrariedades, abusos y violaciones legales que el gobierno de el presidente Colom y sus funcionarios están dispuestos a cometer. En la próxima reunión del Consejo se tienen que tratar los temas Tomza y Perenco. Perenco necesita abrir más pozos para extraer petróleo en Laguna del Tigre, y Tomza necesita instalar esferas para almacenar siete millones de galones de gas licuado de petróleo en Punta de Manabique, dos actividades industriales altamente peligrosas y totalmente incompatibles con estas dos áreas protegidas. El Conap ha cumplido con su misión y no se ha doblegado ante los caprichos del Gobierno, hasta ahora. Con un señor que ha dicho que él llega a esa institución para sacarla de su cerradez conservacionista, porque él va a poner las áreas protegidas a generar dinero, las cosas podrían ponerse muy feas, si es que esta nueva ilegalidad gubernamental prospera.

Magalí Rey Rosa

Prensa Libre – 8 de Julio, 2011