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El Ku Klux Klan en Pana

El Estado no debe delegar sus funciones a los ciudadanos.

Hace muchos años, Panajachel era un pueblo dormido. A través del tiempo, sus metamorfosis lo han llevado a ser un paraíso de la contracultura, el centro turístico abarrotado por turistas capitalinos que llegan a emborracharse y a dejar basura y desatino regados por todas partes. Actualmente, Pana es una pequeña ciudad, con un tráfico insoportable y abundante bullicio. La seguridad es apenas uno de sus múltiples problemas. Particularmente vulnerable a las lluvias y desastres naturales, también lo han afectado las vicisitudes del lago, de cuyo encanto depende. Y para todos estos problemas ¿qué soluciones ha dado el Estado de Guatemala? La respuesta es fácil: pocas, inadecuadas e influidas por una galopante corrupción.

Los problemas de seguridad en Pana y otras localidades del país tienen una fuente directa: la ausencia del Estado. No hay suficientes policías y los que están no hacen su trabajo. No existen estrategias de inteligencia y prevención. Tampoco opera de manera proactiva el Ministerio Público y los jueces no son respetados. La estructura de autoridad fuerte, pero respetuosa de la ley y de los derechos civiles, es todavía un sueño. El problema no es nuevo. La historia de Guatemala ha sido así: un país que no es gobernado.

El vacío del poder lo llena la cultura dominante con soluciones extremas y recalcitrantes. Al entregarse a los vecinos la posibilidad de “hacer justicia”, sale a relucir su terrible intolerancia, su violencia implacable y el irrespeto hacia la vida que los anima. Por ello, resulta natural para miembros de estos comités afirmar que no tolerarán a los vagos, a los extranjeros, a los que no son del pueblo; o que se acuñen expresiones tales como “marero visto, marero muerto” y otras por el estilo. Escondidos detrás de esta ola ciega de represión, los oportunistas mueven los hilos de las pasiones: matan o exilian a sus enemigos, obtienen negocios fáciles, tienen poder. Así, estas organizaciones paralelas sirven para ocultar a criminales.

Lo que el caso de Pana pone en evidencia es que trasladar a los ciudadanos un poder que corresponde al Estado es permitir el nacimiento de múltiples mafias y la operatividad de ejércitos personales. Dar carta blanca para amenazar, golpear, desaparecer o linchar no constituye una manera de poner orden o de tener seguridad, pero sí es una manera eficaz de destruir la libertad, la democracia y la justicia. Los comités de seguridad son un atentado contra las garantías de los ciudadanos guatemaltecos. Ante los graves hechos ocurridos en Panajachel, el Gobierno debe actuar de manera drástica para retomar el control de la gobernabilidad en todo el país y los “comités de seguridad” deben desaparecer, como parte de una historia de represión que los guatemaltecos de buena voluntad abominamos.

El Periódico - 3 de noviembre, 2011

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